La Coruña. – El encuentro Crisis económica y derecho, que se ha celebrado en la sede de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Galicia, ha puesto sobre la mesa que los cambios sociales derivados de la crisis han dejado indiferentes a políticos y juristas.

En el acto de clausura, la conferencia del presidente de la Diputación Provincial de La Coruña, Diego Calvo, ha seguido esta línea al recordar que es necesario "buscar los mecanismos necesarios para solucionar conflictos derivados de la actual crisis económica". Además, ha solicitado "control y transparencia en las contrataciones" pues, a su juicio, se debe "simplificar la mecánica de los contratos para que resulte más fácil a los administrados".
Asimismo, Calvo ha hecho un repaso a los distintos temas tratados durante el curso y ha comentado que "ha llegado el momento de que reflexionemos los poderes públicos y judiciales en la búsqueda de instrumentos de protección para aquellos que más están padeciendo esta crisis".
En el acto de clausura también ha intervenido el presidente de la Sala Primera del Tribunal Supremo, Francisco Marín, quien ha insistido en que "tenemos el firme compromiso de afrontar los conflictos sin escatimar esfuerzos y agilizando soluciones". En su opinión, la independencia es otro de los pilares sobre los que se asienta el ejercicio de la justicia: "A veces parecerá que acertamos y otras no, pero siempre se resuelve desde la independencia como garantía de los derechos de los ciudadanos".
El director de la UIMP Galicia, Domingo Bello Janeiro, ha asegurado que "gobierno, sistema financiero, organismos, empresas, sociedad civil y ciudadanos debemos encontrar el camino para que se consolide la recuperación económica y, entre todos, se pueda volver a iniciar la senda del crecimiento".
Miguel Ángel Cadenas, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, ha afirmado que la crisis actual "provoca sufrimiento en los seres humanos tanto en el ámbito laboral como en el familiar". Además, ha comentado que hay que regular las normas de acceso a la justicia y hacerlas "más asequibles y rápidas". Además, ha asegurado que "habrá que ir hacia una ley de inembargabilidad dotada de flexibilidad".