Santander, 15 de julio de 2019-. La magistrada de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Ana María Ferrer García ha asegurado hoy que una “mayor transparencia en el desarrollo” de los procesos judiciales reduciría “el riesgo” de que “el estado de opinión que se pueda generar”  influya en la independencia de los jueces y magistrados.

Ferrer García ha abordado este asunto en el encuentro La justicia tiene solución, que se celebrará hasta mañana, martes 16 de julio, en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y en el que se tratarán cuestiones como el derecho de defensa o la organización judicial.

Junto a ella, han intervenido en el primer debate de esta cita, titulado Juicios paralelos e independencia judicial, el presidente de la Agencia EFE, Fernando Garea, y el abogado Pedro Apalategui Isasa.

La magistrada del Tribunal Supremo, que ha ejercido como tal en el juicio del ‘procés’ o en la revisión de las sentencias de la Audiencia y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Navarra en el caso de ‘La Manada’, ha repasado este lunes los derechos que se ven afectados o influidos por el principio de publicidad de los actos procesales, que establece que puedan ser presenciados o conocidos por quienes no participan en ellos.

Entre esos derechos, ha citado los referidos a la libertad de expresión, al propio éxito de la investigación, a la intimidad de la víctima, al honor de los imputados o a la seguridad de las partes.

Ha hablado, además, de la relación que se establece entre las cabeceras de prensa y los órganos jurisdiccionales, agentes que, a su juicio, se mueven “con parámetros diferentes”; y se ha preguntado “hasta qué punto un tribunal se puede ver afectado en su capacidad de valoración y en su imparcialidad por el estado de opinión que respecto al tema objeto de juicio se pueda crear a través de los medios de comunicación”.

Aun así, ha defendido que “la existencia de medidas prohibitivas o sancionadoras” para las publicaciones que “emitan información” de carácter judicial no es “una solución aplicable” a ese conflicto, cuya adecuada resolución lo que requiere es “un esfuerzo de todos los implicados”.

Ferrer García ha insistido en la necesidad de que los periodistas “entren a las salas” y ha puesto como ejemplo la cobertura mediática que se hizo del juicio del ‘procés’ y su retransmisión en directo. “A mí me parece que ha sido un ejercicio muy positivo para devolver la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de las instituciones”, ha subrayado, al mismo tiempo que ha destacado su “apuesta por ese tipo de publicidad, siempre que sea posible y que se respeten los derechos” a los que ya había aludido.

Por otro lado, ha prevenido a los asistentes al encuentro del “punto de responsabilidad” que ostentan los jueces y magistrados. “Sabedores como somos de la trascendencia que pueden tener nuestros procesos o nuestras resoluciones, no está de más tener un cierto cuidado en tratar de no interferir en momentos políticos que pueden ser relevantes”, ha opinado.

Pese a ello, ha lamentado que esa interferencia no pueda evitarse “siempre”, “porque el curso del proceso evoluciona según sus propias pautas y a veces se producen confluencias que son imposibles de evitar”.

Por su parte, Fernando Garea ha coincidido con esa idea, señalando que “la responsabilidad” de que se produzcan “juicios paralelos” en algunos procesos especialmente mediáticos “no es solo de los medios de comunicación, sino que está muy compartida por todos los operadores de la justicia”.

Ha ensalzado la labor de los periodistas dedicados a la información judicial, quienes, según ha dicho, son, junto a los que cubren la situación política, “los que más capacidad tienen para condicionar la actualidad más próxima a los ciudadanos”. “Es el periodismo más transversal de todos”, ha apuntado.

Garea ha defendido la necesidad de que esos profesionales se formen en Derecho y de que los juristas adquieran nociones de Comunicación. Ha afirmado, de este modo, que “debería haber un acercamiento” entre ambos colectivos.

“Es decir, de los periodistas para traducir sin tergiversar, ni confundir, ni manipular, pero también de los operadores del Derecho para tener presente que, si la justicia emana del pueblo, el pueblo debe tener una información comprensible de lo que hace y decide la justicia”, ha reiterado.

Para el periodista, “en España se legisla mal y de manera muy confusa”, lo que crea una distancia entre “el lenguaje jurídico y el de los ciudadanos”, que “deberían estar más cerca para evitar no solo juicios paralelos, sino probablemente un cierto desprestigio de la justicia”.

“Con transparencia se dificultan los juicios paralelos”, ha sentenciado Garea, quien ha matizado que algunos de ellos “han tenido efectos muy positivos” para la sociedad, como la generación de movilizaciones y rechazo ante determinados hechos, como los delitos de naturaleza sexual, así como la “visibilización de la necesidad de proteger mucho más a ciertas víctimas”.

El magistrado y portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia y director del encuentro La justicia tiene solución, Ignacio U. González Vega; el director de Santander Justicia, Gregorio García Torres; la presidenta del Consejo General de Abogacía Española, Victoria Ortega Benítez; y el secretario general de la UIMP, Pablo Acosta, también han participado en la inauguración.

 

Foto: Esteban Cobo (UIMP)