Santander.- El director del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP), Manuel Arenilla Sáez, ha señalado en Santander que España no tiene un "problema excesivo" en cuanto al número de empleados públicos, pues "el principal problema que tiene la Administración Pública española es la productividad". En esta línea, ha explicado que "no tenemos mucha plantilla, pero tampoco producimos". Las palabras de Arenilla han tenido lugar en el curso La transformación de las Administraciones Públicas: nuevos modelos de gestión.

El director del INAP también se ha referido a las retribuciones del personal de la Administración. En este sentido, ha afirmado que existe un desajuste en los sueldos de los empleados: "Hay gente muy bien y muy mal pagada". Ha indicado que los directivos son los que se encuentran en mayor desventaja y es que, según Arenilla, la crisis ha disminuido la brecha salarial entre los niveles más alto y más bajo de la Administración y, a día de hoy, "España no dispone de un estatuto del directivo público". "La Administración Pública debe atraer el talento y a los mejores con mejores retribuciones", ha dicho.

Por otra parte, ha añadido que los colectivos con mayor capacidad sindical son los que han conseguido mayores ventajas retributivas. Sobre esto, Arenilla ha recordado que España es el país miembro de la OCDE que mejor paga a los profesores de Secundaria, al mismo tiempo que ha denunciado que "España y Hungría son los únicos países que financian a los sindicatos". "Tenemos una función pública superior más politizada que los principales países de nuestro entorno".

Por último, Arenilla, que ha calificado a la Administración General del Estado como una "administración envejecida" -el cuarenta por ciento de los empleados públicos tiene cerca de cincuenta años- ha desgranado las medidas estructurarles que han afectado a los trabajadores del sector público desde el año 2009. Entre ellas, destacan la limitación del número de vacantes y de oferta de empleo público, la reducción de la masa salarial, la habilitación legal del despido, la elevación de la edad de jubilación, la extensión de la jornada laboral, la congelación de los salarios, la supresión de la paga extra, la reducción de días de asuntos particulares y el plan de reducción del absentismo.